La Asamblea Nacional venezolana aprobó un acuerdo político en el que rechaza la posible venta judicial de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, y solicita al Ejecutivo iniciar procedimientos para retirar la nacionalidad venezolana a varios líderes opositores.
El oficialismo sostiene que la medida responde a su presunta participación en procesos legales extranjeros que habrían facilitado la pérdida del activo petrolero.
El origen del conflicto por Citgo
Citgo es uno de los bienes internacionales más importantes vinculados a la industria petrolera venezolana. Durante años ha sido objeto de demandas de acreedores que buscan cobrar deudas pendientes del Estado.
Un tribunal estadounidense autorizó avanzar con la subasta de acciones para cubrir compromisos financieros millonarios.
El gobierno venezolano afirma que se trata de una apropiación indebida y asegura que no fue reconocido como parte legítima en las negociaciones judiciales.
Las autoridades consideran que la operación afectaría seriamente los ingresos potenciales del país, en medio de una economía aún frágil.
Dirigentes opositores señalados
El Parlamento oficialista responsabiliza a cinco figuras políticas y jurídicas vinculadas al antiguo gobierno interino reconocido por Washington entre 2019 y 2023.
Entre los nombres mencionados están:
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Juan Guaidó
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Carlos Vecchio
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Dinorah Figuera
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José Ignacio Hernández
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Horacio Medina
Según el oficialismo, sus actuaciones en tribunales internacionales habrían favorecido reclamaciones contra bienes venezolanos en el exterior.
Argumentos legales del oficialismo
Los diputados sostienen que la Constitución permite sanciones severas cuando se considera que ciudadanos han atentado contra los intereses nacionales.
Además, invocan leyes especiales para investigar responsabilidades patrimoniales y posibles confiscaciones de bienes en territorio venezolano.
Sin embargo, especialistas advierten que retirar la nacionalidad podría tener efectos limitados fuera del país, especialmente en casos de doble ciudadanía o residencia permanente en el extranjero.
Reacciones y controversia
El gobierno califica la subasta como una agresión económica internacional y anunció acciones diplomáticas ante organismos multilaterales.
Los opositores acusados rechazaron los señalamientos y responsabilizan al Estado venezolano por la acumulación de deudas que originó los litigios.
Organizaciones internacionales han expresado preocupación por el uso de medidas políticas contra adversarios y por el aumento de tensiones internas.
Impacto político y económico
El caso tiene implicaciones más allá del plano legal:
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profundiza la confrontación política
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complica negociaciones internacionales
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afecta la imagen financiera del país
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pone en riesgo uno de los activos energéticos más relevantes
Además, la pérdida definitiva de Citgo podría reducir las posibilidades de recuperación económica en el corto plazo.
Un símbolo en disputa
Para el oficialismo, la defensa de Citgo representa una cuestión de soberanía nacional.
Para sus críticos, el conflicto refleja la consecuencia de años de endeudamiento y litigios internacionales.
La evolución del caso probablemente influirá en la agenda política venezolana y en futuras negociaciones con actores externos, manteniendo a la petrolera en el centro del debate nacional.